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Gobierno Mexicano ha espiado a periodistas y activistas: The New York Times

 

Ciudad de México.- Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

 

Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.

 

Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

 

¿CÓMO LO HICIERON?

El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.

 

La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.

 

Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

 

“Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente. “La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado”, afirmó Pardinas.

 

Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.

 

PERIODISTAS Y ACTIVISTAS EXIGEN INVESTIGAR EL ESPIONAJE

Activistas, defensores de derechos humanos y periodistas mexicanos que fueron víctimas de un programa espía adquirido por el gobierno mexicano anunciaron que ya han presentado una demanda penal y exigieron que haya una investigación independiente.

 

El uso del programa espía en contra de personajes destacados en México, como la periodista Carmen Aristegui y Juan Pardinas, director del grupo de combate contra la corrupción IMCO, fue revelado este 19 de junio en una investigación de The New York Times y en un informe realizado por organismos mexicanos.

 

Pegasus, el programa espía, es fabricado por el grupo israelí NSO Group, y se vende exclusivamente a gobiernos. De acuerdo con la investigación de The New York Times, tres agencias mexicanas han gastado al menos 80 millones de dólares en adquisiciones de NSO Group.

 

Es muy poco probable que Pegasus haya sido usado por alguien que no forme parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, y el informe de la organización de defensa de derechos digitales R3D muestra cómo los intentos de hackeo a periodistas y activistas coincidieron con momentos críticos en los que estos cuestionaban al gobierno o revelaban casos sensibles vinculados con las autoridades.

 

“No es casual que precisamente en los momentos más difíciles para el gobierno” por casos como presuntas ejecuciones extrajudiciales del Ejército o casos de corrupción, “lejos de dar explicaciones o respuestas, hubo espionaje”, dijo Aristegui. Tanto ella como su hijo adolescente recibieron los mensajes de texto que contenían una liga para infectar su teléfono celular con Pegasus.

 

Integrantes de la sociedad civil exigieron que se lleve a cabo una investigación independiente y que las autoridades, de confirmarse de manera definitiva que estuvieron detrás del hackeo, revelen qué hicieron con la información.

 

“¿Tendrá el gobierno la capacidad y la voluntad de investigarse a sí mismo? Creo que todos sabemos cuál es la respuesta”, dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh. Patrón también fue víctima de los intentos de hackeo; “Porque ¿a quién puede interesarle la información que tenemos sobre Ayotzinapa, Tlatlaya y las mujeres de Atenco? Al gobierno”, dijo Patrón, refiriéndose a los casos de desaparición de 43 estudiantes normalistas, a la muerte de 22 civiles supuestamente por ejecución y a una demanda contra policías y autoridades por el abuso sexual contra 11 mexicanas que fueron detenidas en una manifestación.

 

El caso de los estudiantes de Ayotzinapa fue investigado por un grupo internacional cuyo informe final culpó al gobierno de un mal manejo de la pesquisa sobre la desaparición; el caso de las mujeres de Atenco está siendo analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

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