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Con 12 mil MDP de daño patrimonial cierran revisión de Cuenta Pública 2016



Xalapa.- El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó por unanimidad el Dictamen del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 de los entes fiscalizables de la entidad, en el que fue detectado un presunto daño patrimonial del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y en 102 municipios.

En la sesión extraordinaria el Pleno aprobó con 47 votos a favor de diputados del PAN, MORENA, PRI, PRD y Juntos por Veracruz. No se registraron abstenciones o votos en contra.

Este Informe fue puesto a consideración del Pleno por parte de la Comisión Permanente de Vigilancia, misma que llevó a cabo diversas reuniones de trabajo institucional con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).

El documento señala que en 29 entes estatales, se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio, que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un monto de 11 mil 844 millones 418 mil 903 pesos.

Incluye las Secretarías de Gobierno (Segob); de Seguridad Pública (SSP); de Educación (SEV); de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP); de Desarrollo Social (Sedesol); de Medio Ambiente (Sedema); de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa); de Turismo y Cultura (Sectur); de Protección Civil (SPC), así como la Contraloría General (CGE) y la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS).

Los organismos públicos descentralizados son el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz; el Instituto de Espacios Educativos del Estado; la Comisión del Agua del Estado; el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial; el Instituto de Pensiones del Estado; los Institutos Tecnológicos de Álamo Temapache, Chicontepec, Huatusco y Misantla; el Instituto Veracruzano de Bioenergéticos; el Instituto Veracruzano del Deporte, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, los Servicios de Salud de Veracruz, así como las Universidades Tecnológicas del Centro y la del Sureste de Veracruz.

El Fideicomiso de Administración e Inversión como instrumento Impulsor del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fondo del Futuro; el Fideicomiso de Inversión y Administración denominado Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP); el Fideicomiso Público Revocable de Administración, Inversión y Garantía denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER) y el Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takhil-Sukut. El Informe destaca que en 102 municipios se advierten observaciones por un monto de 648 millones 647 mil 283 pesos que adquieren el carácter de irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que pudieran ser representativas de un presunto daño a la hacienda municipal, y dar lugar a la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones a quienes manejaron los recursos públicos respectivos.

En 92 Entes Estatales, no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio, que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, las cuales deberán ser atendidas por el Titular del Órgano Interno de Control correspondiente.

También señala algunas inconsistencias administrativas en entes fiscalizables (que no ameritan posible daño patrimonial) pero que sí deberán ser atendidas por la Unidad Interna de Control respectiva.

En la etapa de posicionamientos, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, presidente de la Comisión de Vigilancia, destacó el trabajo y compromiso de sus homólogos en la revisión y discusión del contenido del Informe de Resultados, el cual revela las conclusiones derivadas de las auditorías financieras, presupuestales, técnicas a la obra pública, de legalidad y de desempeño al ejercicio 2016.

El legislador indicó que en resumen se advierte un presunto daño patrimonial por un importe de 12 mil 493 millones de pesos. En esta cantidad se encuentran observaciones consideradas de imposible solventación por un importe mayor a los 5 mil 518 millones de pesos, razón por la que se solicita al ORFIS presentar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) las denuncias correspondientes contra los servidores o ex servidores públicos.

Agregó que el Sistema Estatal Anticorrupción y las leyes secundarias próximas a aprobarse por el Congreso, permitirán contener actos de corrupción, impulsar la ética e integridad en los servidores públicos, transparentar el uso de los recursos para garantizar su correcta aplicación en beneficio de la sociedad.


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