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Por delitos electorales dictan formal prisión a Ranulfo Márquez



Un juez federal dictó auto de formal prisión al exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el estado de Veracruz y excolaborador del exgobernador y hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, Ranulfo Márquez Hernández, por su probable responsabilidad en el desvío de recursos públicos para apoyar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La resolución contempla en total a cuatro exfuncionarios de Sedesol que fueron sorprendidos y videograbados en el año 2013, que bajo las órdenes de Márquez presuntamente desviaban recursos de programas sociales como la pensión de adultos mayores, conocido como “65 y más”, con el propósito de impulsar a los candidatos priistas en los comicios locales de ese año.

La trama para apoyar de forma ilegal la campaña priista fue dada a conocer por el entonces presidente del PAN, Gustavo Madero, y se le conoció como “Ladrones de Elecciones”, a pesar de lo cual el propio Ranulfo Márquez fue nombrado por Javier Duarte como Secretario de Desarrollo Social a nivel estatal.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que el auto de formal prisión contra Márquez Hernández y otras tres personas es por la violación al artículo 407, fracción III del Código Penal Federal, el cual establece un castigo de cárcel a quien destine de manera ilegal servicios y recursos públicos a su cargo, con el fin de apoyar a un partido político, en este caso al PRI.

Los otros exservidores públicos sometidos a juicio penal por estos hechos, es decir, que también se les decretó auto de formal prisión, son Felipe Sosa Morán, excoordinador operativo de Sedesol en Veracruz; César Augusto Perdomo, exenlace de operaciones estatales; y Graciela Tejeda, quien fuera enlace del programa “65 y Más”.

La resolución indica que a Márquez y sus exsubordinados destinaron “de manera ilegal” servicios y programas a su cargo a una campaña política del PRI entre marzo y abril del 2013, incluyendo diversas reuniones de trabajo celebradas los fines de semana para ofrecer el uso de los programas sociales a favor del PRI, por lo que incluso llegaron a condicionar la entrega de recursos con tal de apoyar a ese instituto político.

“En su calidad de funcionarios públicos participaban en la planeación de la campaña electoral de un partido político (PRI), al cual proporcionaban y ponían a su disposición información sobre los padrones de beneficiarios del programa social federal denominado “Oportunidades”, así como las listas de candidatos a ser beneficiados por el programa social “65 y Más” o “Pensión para Adultos Mayores”, con la finalidad de dar de alta, incluir a dichos Programas y beneficiar con los mismos, a ciudadanos y ciudadanas que fueran afines a su partido”, señala la acusación.


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