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Amparo de Bermúdez no procede, sigue detenido: FGE



Xalapa.- Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública con Javier Duarte de Ochoa, alegó tortura, incomunicación y violaciones al debido proceso para intentar obtener su libertad bajo caución, sin embargo, una juez del Poder del Judicial del Estado dejó sin efecto dos de los tres amparos concedidos.

Aunque en los amparos 184/2017 y 186/2017 se pedía la liberación de Bermúdez Zurita alegando privación ilegal de la libertad, incomunicación y tortura, aparte de impugnar el enriquecimiento ilícito, sus abogados decidieron desechar los delitos.

Por ello el “Capitán Tormenta” tendrá que esperar otra semana más para definir su situación legal y, pese a que se rodeó de nueve abogados y se ostentó como el político más cercano a Javier Duarte, hoy se encuentra en prisión.

En relación con los juicios que se están desarrollando en contra de exfuncionarios públicos, el magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, dijo que la aplicación de la ley es criterio de los jueces, se actúa conforme a derecho y los procesos todavía continúan.

También expuso que el nuevo sistema penal adversarial constituye un cambio radical en todo el país, de ahí que la Fiscalía presente pruebas de un presunto delito y el imputado las que le corresponden, con el fin de que el juez sea quien determine la aplicación de la ley.

“Esto es bueno para el ciudadano y está basado en las reformas que hubo en la Constitución y en derechos humanos; la justicia, tarde o temprano, hará lo necesario con aquellos que cometan delitos”, puntualizó.

La evolución patrimonial del exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, derivó de ingresos en el sexenio del expriista Javier Duarte de Ochoa por un total de 8 millones 229 mil pesos, según reportó la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); no obstante, una adquisición de bienes inmuebles por 42 millones 737 mil pesos, con valor comercial de 86 millones 773 mil pesos en el mismo periodo del gobierno de Duarte, fue fundamental para que se le liberará la orden de aprehensión derivada de la causa penal 13/2017.

Apro tuvo acceso a la carpeta de investigación FGE/FIM//CI/068/2017/XII, en la que Bermúdez Zurita fue sujeto a un dictamen de evaluación patrimonial emitido por el perito Luis Miguel Olvera y en el que se alude a que el funcionario priista “incrementó” en el sexenio de Duarte sus bienes comerciales por una diferencia de 64 millones 733 mil pesos, discordante con los 8 millones 229 mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el sexenio y con su percepción anual de 2011 –primer año del anterior sexenio–, cuando Arturo Bermúdez apenas percibió 498 mil 241 pesos.

Verónica Portillo Suazo, juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, pidió la orden de aprehensión a Rufo Seechi Ordóñez, fiscal especializado en hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos en contra de Arturo Bermúdez, el jueves 2, en donde resultó vital la discordante evolución patrimonial de Bermúdez que, en el documento señala al calce: “No acreditó la procedencia de dichos recursos” y que “se evidencia la probabilidad de que hayan sido detenidos del erario”.

La prisión preventiva de ocho meses, sin derecho a fianza, que dictó Verónica Portillo quedó fortalecida por una vinculación a proceso, establecida en noviembre pasado por abuso de autoridad y tráfico de influencias, y en la que la juez de control Estrella Iglesias ya le había fijado una fianza de un millón de pesos, además de prohibirle salir del país.

Por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, desde la madrugada del sábado anterior Arturo Bermúdez Zurita ya duerme de forma aislada en el penal de Pacho Viejo, ubicado en el llamado Pueblo Mágico de Coatepec.

Empleados de la Dirección General de Readaptación Social (DGRS) confirmaron a este reportero que Bermúdez se encuentra aislado y ha manifestado su temor por ser concentrado con el resto de la población carcelaria, sin embargo, los únicos privilegios de los que ha gozado es que le permiten ingresar su propia comida, así como sábanas y cobijas limpias de su propiedad.

El “Capitán Tormenta”, defenestrado por colectivos de familiares de desaparecidos, medios de comunicación y reporteros de nota roja que vivieron en carne propia el ánimo represor de la SSP, fue protagonista este fin de semana en los llamados memes de redes sociales.

Con la filtración de una foto ya interno en el penal de Pacho Viejo, la mirada ofuscada y el ceño fruncido, ataviado en una camiseta naranja, similar a los de los empacadores de productos en Chedraui, no faltó quién tuviera la ocurrencia de hacerle fotomontajes en dicha tienda comercial, como si fuera uno de los llamados “cerillos” de supermercado.

En el oficio número 406 del Poder Judicial del Estado y en el FGE/FESP/043/2017-XII-1, donde se acuerda la orden de aprehensión en contra de Arturo Bermúdez, se acota que su declaración patrimonial sólo incluye los bienes inmuebles adscritos a su persona, y no los del resto de sus familiares, cuyas propiedades abarcan hoteles en Veracruz y la Riviera Maya, así como operadoras de tour turísticos.

Otra observación de relevancia en la carpeta de investigación 236/2016 ahonda que, al término del año 2012, Arturo Bermúdez registró adquisiciones de bienes inmuebles por 17 millones 496 mil pesos, con un valor comercial de 20 millones 689 mil, mientras que en 2013, 2014 y 2015 su declaración patrimonial no registró cambio alguno, pero en 2016 (con corte a agosto), el exfuncionario acumuló bienes inmuebles por 42 millones 737 mil pesos, con un valor comercial de 64 millones 733 mil pesos.

Entre los bienes inmuebles de Arturo Bermúdez destacan lavanderías, propiedades en Texas, Estados Unidos, así como casas en Xalapa, zona conurbada Veracruz-Boca del Río y en la Ciudad de México.

Con cuatro días en prisión, Arturo Bermúdez Zurita se convierte en el segundo exfuncionario del gobierno de Javier Duarte ingresado a prisión, sólo que el anterior, Leonel Bustos Solís, exdirector del Seguro Popular, apenas duró 11 días tras las rejas, pues obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación para que se le “suspendiera” la prisión preventiva.

El caso de Arturo Bermúdez es distinto, pues además del desvío de recursos que la ha señalado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el enriquecimiento ilícito que le endilga la Fiscalía General del Estado, más el abuso de autoridad y tráfico de influencias, en materia de seguridad colectivos de personas desaparecidas lo incriminan como el principal responsable de desapariciones forzadas en el estado.

Cifras oficiales de la PGR entregadas a este reportero vía transparencia indican que 17 de cada 100 desapariciones forzadas en el país ocurren en Veracruz, por encima de entidades considerada violentas como Guerrero y Tamaulipas.


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